Aciertos y falencias en el funcionamiento del Tribunal de Garantías Constitucionales

A propósito de la actualización de una clase del Curso de especialización en derecho procesal constitucional (PUCP), he podido revisar algunos materiales vinculados al rol de los jueces constitucionales, entre ellos, el libro Tribunal Constitucional y Estado democrático, del profesor César Landa Arroyo.

I. Competencias del extinto Tribunal de Garantías Constitucionales

En el capítulo III, el autor en mención desarrolla su balance sobre el funcionamiento del Tribunal de Garantía Constitucionales, cuya existencia se estableció con la Constitución de 1979 -siguiendo la fórmula de la Constitución española de 1978- y operando desde 1982, teniendo las siguientes competencias: (i) conocer las demandas de inconstitucionalidad y (ii) resolver, vía casación, las resoluciones denegatorias del Poder Judicial en materia de hábeas corpus y de amparo.

II. Dos periodos, uno pobre y otro productivo, aunque breve

Anota el autor en mención que, si bien con la implementación del Tribunal de Garantías Constitucionales lo que se buscaba era la despolitización de las funciones públicas, se logró un efecto inverso: la politización de la Justicia constitucional (pág. 116). Asimismo, precisa que durante diez años de funcionamiento del Tribunal de Garantías Constitucionales se presentaron veintiocho demandas de inconstitucionalidad, peros solo fueron resueltas quince, lo cual -según el profesor Landa- permite identificar dos periodos (págs. 115 al 118):

Primer periodo: Que va desde la instalación del Tribunal de Garantías Constitucionales -a fines de 1982- hasta mediados de 1991. Durante este período, el Tribunal  de Garantías Constitucionales sólo resolvió nueve procesos de inconstitucionalidad y únicamente declaró la inconstitucionalidad de la norma en un caso, referido a la Ley Nº 25051, sobre propiedad de un predio agrícola en la Selva Central. En los otros ocho procesos, las demandas fueron declaradas infundadas.

Asimismo, respecto a los otros procesos en trámite, no pudo haber sentencia puesto que no se lograron tener seis votos (de nueve) en un mismo sentido, lo cual hizo que -en el mejor de los casos- únicamente se emitieran pronunciamientos o votos singulares, por lo que puede entenderse que fue un periodo de poca producción en materia constitucional.

Resulta notorio el descontento de parte de la academia que afirmaba que tan poca producción obedecía a la politización del tal órgano de defensa de la Constitución, toda vez que: “Durante el régimen que ha fenecido el TGC ha estado parcializado totalmente en favor del régimen del belaundista” (pág. 123).

Segundo período: Que se da desde el segundo semestre 1990 hasta abril de 1992, fecha del autogolpe del presidente Fujimori. A pesar de lo breve de este periodo, el profesor Landa indica que las medidas implementadas por el gobierno de Fujimori en lo que respecta a lo económico dio lugar a una activa labor jurisprudencial del Tribunal de Garantías Constitucionales.

III. Materias objeto de pronunciamiento

A lo largo del capítulo reseñado, se hace un balance de la contribución del Tribunal de Garantías Constitucionales en la interpretación de la Constitución, haciendo el análisis de lo argumentado en los casos resueltos y tomando en consideración el rol específico desarrollado, como (i) custodio de la ley (antes que de la Constitución) y (ii) como defensor del Estado social. Asimismo, se analiza los argumentos que para el autor resultan más destacables, como el caso del proceso de inconstitucionalidad sobre la bolsa de trabajo, en el que se pueden ver aportes referidos al derecho a la igualdad, la libertad de sindicación y la libertad de contratar; también desarrolla lo fundamentado en la sentencia sobre competencia municipal en el transporte público, lo cual relaciona con los temas de la autonomía municipal y su rol como garante en los límites de la ley y de lo que posteriormente conoceríamos como el test de competencia (págs. 118-158).

IV. ¿Guerra de las cortes?

Por cierto, si se considera que las contradicciones en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y el Poder Judicial es algo relativamente reciente y que se ha podido evidenciar recién en el caso Huatuco (sobre reposición laboral en el sector público), lo cierto es que las tensiones entre los entes de administración de Justicia vienen de décadas atrás.

Al respecto, en la década del ochenta, llegó a conocimiento del Tribunal de Garantías Constitucionales la demanda de inconstitucionalidad contra la Ley de bolsa de trabajo sindical, Ley Nº 25202, la cual declaró infundada. No obstante, a pesar de la claridad de tal sentencia, el Poder Judicial estimaba las demandas de amparo contra la misma norma, ante lo cual anota el profesor Landa:

Resultó significativo que, mientras que el Tribunal Constitucional desestimó la demanda de inconstitucionalidad de la Ley con una serie de argumentos constitucionales programáticos, contrariamente la Corte Superior de Lima, sin perjuicio de la opinión del Tribunal, declaró fundada la acción de amparo. Es decir, la Ley de Bolsa de Trabajo era constitucional, pero en el caso concreto demandado por los empresarios era inconstitucional. Sin lugar a dudas, la sentencia de la Bolsa de Trabajo es la resolución del Tribunal que mayor debate jurídico constitucional motivó, ya que puso encrucijada constitucional las relaciones entre el Poder Judicial y el Tribunal de Garantías Constitucionales.

(Págs. 124-125)

V. Trabajos citados

Landa, C. (2007). Tribunal Constitucional y Estado Democrático. Lima: Palestra.

Lima, 25 de mayo de 2020.

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