Particularidades de las normas objeto de control en el proceso de amparo

Si bien en un post anterior hemos precisado que es posible interponer una demanda de amparo contra normas autoaplicativas que vulneren o amenacen derechos fundamentales, hay ciertas particularidades sobre ello que precisaremos en la presente nota.

1. ¿Amparo contra la Constitución?

En principio no sería correcto plantear una demanda de amparo contra normas de rango constitucional.

Y ello es así porque en un proceso de amparo se analiza la corrección de la aplicación de una norma -en un caso concreto- a la luz de la Constitución, siendo -por ello- incuestionables las normas de rango constitucional, al ser normas supremas. Decir que la Constitución puede ser cuestionada en su validez, implicaría afirmar que existen jerarquías entre las disposiciones de la Constitución, lo cual rompe la lógica de la validez y del ordenamiento jurídico.

Es por ello que la propia jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha cerrado la posibilidad de que se cuestione la constitucionalidad de normas de la Constitución en el marco de procesos de inconstitucionalidad. (Fundamento 24 de la Sentencia recaída en el Expediente Nº 14-2003-PI).

No obstante, hay ciertos autores que han abordado el tema de la inconstitucionalidad de normas constitucionales, como es el caso del profesor alemán Otto Bachof (ver), quien ha hecho referencia a la posibilidad de declarar la inconstitucionalidad de normas de reforma constitucional, criterio que también comparte nuestro Tribunal Constitucional (Resolución Expediente Nº 50-2004-PI/TC y acumulados).

Sobre esto último, la jurisprudencia de este Tribunal ha indicado que -aparte de los límites formales- la reforma constitucional tiene límites materiales, por lo que las normas de reforma constitucional no pueden ir en contra de:

  • El sistema democrático de gobierno.
  • El régimen representativo.
  • La Constitución económica.
  • El principio de alternancia del gobierno.
  • La dignidad.
  • La forma republicana del gobierno.
  • El Estado democrático.
  • El poder soberano.

Conforme a lo desarrollado, sí sería viable cuestionar -por medio de un amparo- una norma de reforma constitucional.

2. ¿Es correcto interponer un amparo contra un tratado internacional?

Si bien el artículo 200 de la Constitución, establece que procede las demandas de inconstitucionalidad contra tratados internacionales, no señala algo similar respecto al proceso de amparo, aunque la jurisprudencia ha precisado que procede contra normas legales autoaplicativas. En ese sentido, toda vez que los tratados son normas de rango legal, podemos afirmar que pueden ser objeto de cuestionamiento a través de un proceso de amparo, no existiendo pronunciamiento en contrario por parte del Tribunal Constitucional.

Sobre ello, es cierto que la inaplicación de un tratado internacional por ir en contra de la Constitución tendría amplias repercusiones en el Derecho Internacional, pudiendo acarrear la responsabilidad del Estado (al ir en contra del principio de pacta sunt servanda), lo cual no impide que se pueda determinar la inconstitucionalidad de un tratado en un caso concreto, aunque el pronunciamiento deberá tomar en consideración lo anteriormente señalado.

Sin perjuicio de lo señalado, respecto a un posible amparo contra tratados sobre derechos humanos, existe una particularidad puesto que los mismos tienen rango constitucional, aplicándose las reflexiones sobre amparo contra normas constitucionales. No obstante, tanto la existencia de la Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Constitución Política como la estructura usual de estos tratados (que suelen contener fórmulas a favor de la norma que mejor tutela un derecho) hace que -en la práctica- no exista una incompatibilidad material, haciendo difícil que en este extremo pueda proceder una demanda de amparo.

3. ¿Es correcto interponer un amparo contra un proyecto de ley?

No es correcto.

La primera limitante para la procedencia de un amparo contra un proyecto de ley es que esta no se equipara a una norma jurídica.

Aunque hay quienes consideran que es posible interponer una demanda de amparo contra un proyecto de ley, siempre y cuando se acredite que la misma represente una amenaza cierta e inminente a un derecho fundamental. No obstante, si bien esta afirmación es racional, podríamos pensar si -en abstracto- un proyecto de ley puede representar una amenaza cierta e inminente.

Al respecto, si hablamos de un proyecto de ley en estricto, recordemos que -conforme a la Constitución y el Reglamento del Congreso- el mismo solo puede ser presentado por algunos sujetos legitimados ante mesa de partes del Congreso de la República. Luego de ello, este proyecto pasa a conocimiento del oficial mayor, el mismo que deriva su estudio a las comisiones del Congreso de la República, las mismas que no siempre aprueban el proyecto de ley, pero cuando lo hacen, el dictamen suele contener modificaciones al proyecto original. Tal dictamen pasa a conocimiento del Pleno del Congreso, el mismo que -de aprobarlo- puede realizar modificaciones en el marco del debate. Luego de aprobado el proyecto, la autógrafa pasa al presidente de la República, quien puede realizar observaciones, las mismas que pueden ser tomadas en consideración por el Congreso. Con lo señalado, lo que se trata de advertir es que el texto original de un proyecto de ley rara vez suele ser aprobado en su integridad, siendo impredecible su suerte y, por ello, jamás representará una amenaza cierta e inminente a un derecho fundamental.

Lo previamente desarrollado también ha sido comprendido por el Tribunal Constitucional, al precisar que un amparo contra el proyecto de ley que declara al Señor de los Milagros como patrono del Perú es improcedente “[…] por no existir amenaza cierta e inminente a derechos constitucionales […]” (Sentencia recaída en el Expediente Nº 3372-2011-PA)

Aunque, de otro lado, el supremo intérprete de la Constitución ha considera que es posible que exista una suerte de admisibilidad sobrevenida de una demanda de amparo inicialmente interpuesta contra un proyecto de ley, cuando el mismo ha sido aprobado y publicado. Claro está que, en tal supuesto, lo que será objeto de análisis sería la norma publicada y no el proyecto de ley:

4. [P]odría, una vez transformado dicho proyecto en ley, merecer un pronunciamiento jurisdiccional de fondo, si es que las objeciones constitucionales formuladas por el demandante contra el proyecto de ley pueden sostenerse igualmente contra la ley finalmente aprobada, que podría constituir una vulneración a un derecho constitucional. Así lo ha entendido este Tribunal en la STC 165-95-AA/TC (fundamento 3). (Sentencia recaída en el Expediente Nº 3372-2011-PA)

San Miguel, 24 de agosto de 2020.

Un comentario Agrega el tuyo

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios .