Ciudadanía y elección de jueces

Conforme lo dispone el artículo 138º de la Constitución Política del Perú, la potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por el Poder Judicial a través de sus órganos jerárquicos con arreglo a la Constitución y las leyes. Sobre ello, la función de elegir a los jueces ha sido delegada constitucionalmente (artículo 134º) a la Junta Nacional de Justicia correspondiéndole “[…] nombrar, previo concurso público de méritos y evaluación personal, a los jueces y fiscales de todos los niveles. Dichos nombramientos requieren el voto público y motivado conforme de los dos tercios del número legal de sus miembros.”

De acuerdo con lo precitado, la publicidad es un punto importante para la elección de los jueces, siendo fundamental la participación de la ciudadanía en la elección de tales funcionarios que potencialmente podrían pronunciarse sobre asuntos de su especial interés y de la sociedad.

Respecto al concepto de ciudadanía, el profesor Antonio – Enrique Pérez Luño, desde una perspectiva técnico – jurídico, considera que implica “[…] la determinación de la calidad de “ciudadano”, es decir, al vínculo de pertenencia de una determinada organización política y a los derechos de participación democrática que de tal condición se derivan.” (2002, pág. 180). En ese sentido, la intervención de la población y su inclusión como ciudadanos se concreta al brindar mecanismos para su intervención en el procedimiento de elección de jueces.

Al respecto, la normativa que ha venido regulando el procedimiento para la elección de jueces ha permitido, de cierta forma,  la intervención de la ciudadanía en su desarrollo, incorporándose en los últimos años de funcionamiento del extinto Consejo Nacional de la Magistratura la publicidad virtual de la totalidad de las entrevistas realizadas a los aspirantes a jueces de todos los niveles, incluyendo a los jueces supremos.

No obstante, con la reforma constitucional que incorpora a la Junta Nacional de Justicia, la aprobación de su ley orgánica y la publicación del Reglamento de Concursos para la Selección y Nombramiento de Jueces y Fiscales- Ascenso (en adelante, el Reglamento), aprobado por la Resolución Nº 140-2021-JNJ, se ha dispuesto algunas precisiones sobre la intervención ciudadana en la elección de los jueces (y fiscales), los mismos que se precisarán en las siguientes líneas.

A. Publicidad de la información vinculada a los jueces y del procedimiento de elección

La normativa en mención busca -en términos generales- poner información de acceso público para valorar la idoneidad de los postulantes al cargo de juez. No obstante, el artículo 42º del Reglamento precisa que en la entrevista personal se podrán realizar preguntas sobre aspectos relativos a la vida privada del postulante, siendo plausible que se realice en sesión reservada, lo cual no podrá ser difundida. Ello, que ha venido formando parte de la práctica en los procedimientos de elección de jueces, resulta cuestionable puesto que los datos que interesan para el ejercicio de la función jurisdiccional son aquellos de relevancia pública y que están circunscritos al espacio público (salvo la información psicológica cuya evaluación es técnica, siendo evaluada por profesionales especializados en la materia).

Al respecto, en una de las entrevistas realizadas a uno de los candidatos a jueces supremos se hizo referencia a una demanda en su contra vinculado con una alegada paternidad, respecto del cual se decidió realizar una sesión reservada, a pesar de que la actitud de un juez frente a un menor es de interés público, pudiéndose haber desarrollado la audiencia de forma pública reservando los datos sensibles relacionado a la identidad del menor y su madre. Finalmente, tal juez fue elegido como juez supremo.

B. Las tachas

Como precisa el Reglamento (Título II, capítulo I), las tachas están referidas a cuestionar el cumplimiento -por parte de los candidatos- de los requisitos previstos en las normas jurídicas aplicables. Estas se presentan con posterioridad a la publicación de los resultados de la evaluación curricular, debiéndose cumplir con algunas formalidades (no siendo necesario la intervención de un abogado) y que, de ser incumplidas, pueden ser subsanadas.

Por otro lado, en caso se admita la tacha, la misma será trasladada al juez para su descargo, debiendo la Junta Nacional de Justicia pronunciarse sobre lo actuado siete días antes del desarrollo de la entrevista personal. En caso se declare fundada la tacha, el postulante puede interponer un recurso de reconsideración no estableciéndose precisión similar respecto a la decisión que deniega la tacha presentada por el ciudadano, no advirtiéndose justificación alguna a tal trato diferente.

C. Las denuncias

Respecto a las denuncias, el artículo 21 del Reglamento precisa que la Junta recibe hasta siete días hábiles antes de la entrevista todo tipo de información u observación que esté destinada a cuestionar la idoneidad, integridad o probidad del postulante. Dicha información u observación debe ser presentada a través de la extranet de la JNJ o por escrito y acompañar la prueba que la sustente.

Conforme a ello, la evaluación de una denuncia no sigue un procedimiento reglado como el caso de las tachas, siendo de suma importancia para el desarrollo de la entrevista personal la información facilitada por las denuncias y que permite que el potencial juez pueda explicar oralmente la veracidad o no de los hechos atribuidos.

D. Conclusiones

La normativa nacional aplicable al procedimiento de elección de jueces nos permite afirmar que la población puede intervenir en el mismo como un veedor o, con un rol más activo, interponiendo tachas y denuncias respecto a los postulantes. Sin perjuicio de ello, con la presente nota se han precisado algunos puntos que debería reevaluarse respecto a los mecanismos ya implementados y que permitirían una mejor intervención de la población y, con ello, un mejor ejercicio de su ciudadanía.

San Isidro, 29 de marzo de 2021.

Trabajos citados

Pérez Luño, A. -E. (2002). Ciudadanía y Definiciones. Doxa. Obtenido de https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/10141/1/doxa25_05.pdf

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